Por Eduardo Joly, sociólogo, usuario de silla de ruedas, Presidente de Fundación Rumbos
“El
no trabajar es, tal vez, la mejor definición de lo que significa ser
discapacitado” [1]
“Las
empresas son máquinas de producir ganancias. Su objetivo es el lucro. Para que
las empresas den nacimiento a nuevos puestos de trabajo, es necesario que el
crear empleos sea lucrativo” [2]
Bajo diferentes gobiernos, orientaciones y políticas económicas, la
negativa al empleo de personas con discapacidad (de acá en adelante PCD)
constituye, en Argentina, un denominador común de décadas. Ni en épocas de creación de puestos laborales se
constata la contratación de PCD. Aún
existiendo legislación nacional sobre cupo laboral desde 1981,
antidiscriminatoria desde 1988 y mandatos constitucionales específicos sobre
derechos humanos desde 1994, estas normativas no se aplicaron.
Igual suerte han corrido las leyes de accesibilidad urbana, edilicia y
en el transporte. Más aún, el Poder Ejecutivo rechaza todos los reclamos de las
PCD cuando estas acuden a las cortes para hacer valer sus derechos, demostrando
que su política es no emplear a PCD ni brindarles condiciones de vida
inclusivas.
Según Isabel Ferreira, abogada a cargo de discapacidad en la Defensoría del Pueblo
porteña, y usuaria de silla de ruedas desde la epidemia de polio, “Podríamos
concluir que la legislación no es más que una demagógica expresión de deseos
que, como tal, es impunemente violada por los gobernantes de turno una y otra
vez. La estrategia de judicializar la definición e implementación de políticas
públicas revela la ausencia o inoperancia de éstas y explica por qué las PCD
tienen que intervenir para que éstas políticas estén en la agenda del Estado”.
Para Marcelo Morgenstern,[3]
torturado hasta quedar ciego en la última dictadura, “Se trata del derecho a
ganarse la vida, de imponerse como trabajadores a quienes detentan el poder
político y económico, con un planteo que ataque la raíz misma del problema de
la desocupación y la precariedad laboral de los sectores vulnerados”.
Protagonistas
de su devenir
En Argentina, las asociaciones vinculadas a la discapacidad,
habitualmente dirigidas por personas sin discapacidad, han orientaron su
accionar a cuestiones asistenciales, casi siempre focalizadas en lo médico. No
es casual, ya que la discapacidad suele ser concebida como una enfermedad y las
PCD percibidas como pacientes crónicos necesitados de atención de por vida.
Así, los agrupamientos han sido por tipo de discapacidad (sordos, ciegos,
motores, mentales, etc.).
El primer salto conceptual se dio en los 70, al crearse el Frente de
Lisiados Peronistas. Esta agrupación incorporó la defensa de los derechos de
las PCD como política reivindicatoria. Por respuesta, la Triple A y la dictadura
secuestraron, torturaron y desaparecieron a muchos de sus militantes. Durante
el régimen militar, se creó la Corporación Argentina de Discapacitados bajo la
tutela de la entonces Directora Nacional de Rehabilitación que impulsó
legislación sobre discapacidad. La única ley derivada de dicha normativa que se
reglamentó y cumplió con fluidez concierne la importación de vehículos para
discapacitados, beneficiando especialmente a los de clase media alta.
En
1998 surgió REDI –Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad–
integrada por personas con las más diversas discapacidades, y allegados, que
accionaron en la legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires para que los ascensores fueran
accesibles a usuarios de sillas de ruedas. Una ordenanza obligaba al recambio
de las puertas tijeras, dejando a muchos encerrados en sus casas, o
imposibilitados de acceder a sus trabajos, visitar a familiares, acudir a su
rehabilitación. “Daniel
usa una silla de ruedas supercompacta que le permite maniobrar en espacios
mínimos. Pero han reemplazado las puertas tijeras del ascensor por otras que
impiden su ingreso. Daniel no podrá subir a las oficinas de su cliente, quien
sorprendido y contrariado recurre a otro proveedor. En tanto las condiciones de
accesibilidad no sean resueltas, Daniel pierde su principal fuente de ingresos”.[4] Bajo
presión, el gobierno de De La Rua
se sentó a consensuar una solución y la legislatura porteña aprobó una ley que
obligó a garantizar la accesibilidad preexistente.
A partir de entonces, REDI incorporó un conjunto de reclamos
sectoriales, a saber transporte público accesible, reglamentación y
cumplimiento del cupo laboral, y la recuperación de los fondos de la ley de
cheques para programas en discapacidad (ante su ilegal derivación al
presupuesto general de la
Nación ). También extendió su reclamo de accesibilidad a todo
el espacio urbano y edilicio, logrando modificar el Código de Edificación
porteño y tomando dicha experiencia para lanzar una campaña nacional a favor de
ciudades accesibles.
Según Carolina Buceta, psicóloga, ciega y presidente de REDI, “Fuimos
descubriendo que nuestras reivindicaciones afectaban negociados y pactos que
involucraban a empresarios, a funcionarios de gobierno e incluso a dirigentes
sindicales. Reconocimos que nuestra problemática no estaba aislada de
cuestiones políticas y económicas más amplias y que nuestros reclamos básicos
confluían con los de otras organizaciones sociales de desocupados y de quienes
se encuentran estructuralmente excluidos del sistema productivo. Así fue que a
partir de la crisis del 2001 acuñamos ‘Integrarnos en las luchas para luchar
por nuestra integración’ como nuestro slogan”.
REDI convocó a organismos de derechos humanos (APDH, CELS, Universidad
Popular de Madres), logrando su adhesión a reclamos puntuales y a veces
actuando en conjunto. La crisis de 2001 expuso la estrechísima relación entre
discapacidad y pobreza, y permitió que REDI estableciera vínculos con el Foro
Social de Salud, la
Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados y
con las Asambleas Barriales que surgieron en la época del “que se vayan
todos”.
Para Facundo Chávez Penillas, abogado, usuario de silla de ruedas y
secretario de REDI, “Estas relaciones nos ayudaron a romper con la
tradicional imagen y tendencia a conformar guetos en discapacidad y a reafirmar
nuestro necesario protagonismo en la definición de políticas públicas y
programas que nos afectan, y en hacer valer el concepto de ‘nada sobre nosotros
sin nosotros’. De hecho, en la conducción de REDI hay personas con las más
diversas discapacidades. Esto, sumado a nuestra independencia económica, nos
permite sostener planteos críticos ante el Estado, las empresas y los
organismos internacionales, y explica nuestro lugar como referente en discapacidad
en el país”.
Desempleados crónicos
Lo
que mejor caracteriza a las PCD es su condición de desempleados crónicos.
Podría decirse que constituye su “enfermedad” en común, al margen de las
limitaciones discapacitantes que tengan los individuos.
Para la OIT ,
el 80% de las PCD están desempleadas.[5]
El Ministerio de Trabajo de la
Nación reconoce que como máximo 1 de cada 10 PCD tiene
trabajo, y que el cupo laboral destinado a PCD en dependencias gubernamentales
nacionales no alcanza al 1%, cuando por ley debiera ser el 4%.
Con
la notable excepción de las PCD de clase alta o media alta, la abrumadora
mayoría sobrevive sin trabajo, gracias a la caridad social sostenida: en primer
lugar por sus familias empobrecidas aún más por la presencia de una PCD en el
hogar (un ingreso menos y gastos extraordinarios de atención), en segundo lugar
por las mínimas prestaciones sociales del Estado (cuando estas personas y sus
familiares tienen conocimiento de que existen y logran que el Estado se las
otorgue), en tercer lugar por la limosna, y finalmente por lo que les llega
desde instituciones caritativas y religiosas.
Cuando
excepcionalmente las PCD consiguen un empleo, la remuneración suele ser muy
inferior a la que perciben personas sin discapacidad y las condiciones laborales
tienden a ser peores. En muchos casos, el trabajo incluso no es remunerado.
Facundo
Ferro, 27 años, con discapacidad mental leve, cuenta: “Sólo consigo
pasantías no pagas en ONG; fotocopias, cadetería, archivo. Nadie me efectiviza.
Para el equipo de básquet en silla de ruedas asisto al entrenador. Pero no veo
un centavo. Todos prometen, nadie cumple”.
El desempleo y la discriminación remunerativa se
verifica internacionalmente, a medida que la orientación general de los
principales Estados desarrollados, extensible a los subdesarrollados, va en
detrimento de las conquistas sociales de la última posguerra (jubilatorios,
servicios sociales, salud y educación pública, pérdida de estabilidad laboral y
precarización del empleo).[6]
Según Haveman y Wolfe,
comentando para EEUU:[7]
“...el vinculo...al mercado laboral es más débil que para las personas sin
discapacidad” “...la tasa de pobreza de PCD en edad laboral en EEUU (30% a
inicios de los 90) es tres veces mayor a la de personas ...sin discapacidad”
“Entre 1972 y 1987 los ingresos promedio de PCD hombres bajó de [US dólares
anuales] $19.000 a poco mas de $11.000,[8] y de unas tres cuartas
partes de los ingresos de las personas sin discapacidad a la mitad”. Esta
realidad se agudizó aún más entre hombres negros y entre mujeres.
Según Houtenville,[9]
la tasa comparativa de empleo y de ingresos de PCD bajó dramáticamente de 1980
al 2000, deduciéndose que las PCD se ven más afectadas que otras en períodos de
alto desempleo.
Para la OIT:[10]
“Las PCD experimentan...prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la
exclusión del mercado laboral. Se enfrentan...a la discriminación en...la
contratación. (...) En Francia se constata que menos de un
2% de aquellos que han hecho mención de una discapacidad en el CV han sido convocados
para una entrevista. Las PCD son contratadas principalmente a través de
agencias de trabajo temporal, para...minimizar los riesgos de los empleadores”.
Más aún, “Las mujeres tienen menos posibilidades que los
hombres de encontrar trabajo y más probabilidades de sufrir violencia física y
abuso sexual”. La OIT
también destaca que “En Europa, el 52 por ciento de las personas gravemente
discapacitadas no forma parte de la fuerza de trabajo”, “En el Reino
Unido...en 2005...dos tercios de las PCD que estaban
desempleadas declararon desear trabajar pero no encontrar...trabajo”, “La
diferencia de salario de las mujeres con discapacidad en Australia es superior
en un 44% al de aquellas que carecen de ella. En el caso de los hombres, dicho
porcentaje es del 49%, además de que la discapacidad tiene una influencia
directa en el bajo nivel de los salarios”.
Su lugar en la historia
Hecha
la salvedad de que siempre hubo personas con limitaciones físicas, sensoriales
o cognitivas, un análisis histórico revela que fue variando el lugar que
ocuparon dichas personas en los distintos modos en que las sociedades
organizaron sus sistemas de producción.[11]
Bajo la esclavitud, se trabajaba sano, enfermo o lesionado, hasta morir; y
luego se era reemplazado. Las tareas eran manuales, sencillas, de esfuerzo
físico.[12]
En el feudalismo, los siervos trabajaban para su subsistencia y entregaban al
señor una parte importante de su producción. Quienes tuvieran alguna
limitación, contribuían en lo que podían a la economía familiar; algunos
desplegaban habilidades artesanales.
Con
el advenimiento de la industria, que demandó una división técnica del trabajo y
sentó las bases para el modo de producción capitalista, surgió el empleo de la
fuerza de trabajo a cambio de un salario. Una relación en la cual los
propietarios de los medios de producción procuraron contratar sólo a quienes
consideraban capaces de realizar tareas repetitivas, durante largas horas de
trabajo, en condiciones que en un principio demostraron ser infrahumanas. Fue
en este contexto que surgió el concepto de discapacidad como incapacidad para realizar trabajo productivo, o
sea incapacidad para ser explotados y producir ganancias para los empresarios.[13]
Este
sistema requiere que los trabajadores no sólo generen un valor equivalente a su
salario, sino que además generen un plusvalor mediante un tiempo de trabajo
excedente que se convertirá en las ganancias capitalistas. Para incrementarlas,
el capitalista procura que la mayor parte de la jornada laboral consista en
trabajo excedente, lográndolo por diversos medios: extendiendo la jornada,
aplicando desarrollos tecnológicos, imponiendo ritmos más acelerados de
producción, pagando los salarios más bajos posibles. Si un empresario sospecha
que un trabajador es incapaz de satisfacer estas condiciones, lo descartará
como inservible. El enriquecimiento de unos pocos se erige pues sobre el
empobrecimiento de muchos.
Con
el desarrollo del capitalismo, entonces, surge un sector de la población en el
que convergen pobreza y discapacidad. A él fluyen no sólo quienes no pueden
ingresar a la fuerza de trabajo como asalariados, sino también quienes son
expulsados de la fuerza de trabajo producto de lesiones y enfermedades,
adquiridas trabajando o por condiciones de vida paupérrimas, de hacinamiento,
de desnutrición.
En
1998, en plena época de precarización laboral, se denunció el calvario sufrido
por jóvenes operarias en una empresa de autopartes del Gran Buenos Aires: “En pocos meses, se les hinchan las manos, padecen
tendinitis, se las infiltra como a jugadores de fútbol para que sigan
trabajando y terminan yendo a cirugía. Una de ellas, de 20 años, ya fue operada
dos veces y, según sus abogados y el sindicato, quedó virtualmente excluida de
por vida del mercado de trabajo”. Otras
20 operarias corrieron igual suerte.[14]
Cuando un trabajador se
discapacita, el empleador lo induce a jubilarse por invalidez. Pretende que la
familia y el Estado se hagan cargo de quien ha perdido sus plenas facultades
productivas. Esta negación del derecho a
seguir ganándose la vida trabajando devela el sentido de la discapacidad y
permite explicarse por qué las PCD en edad laboral no consiguen empleo, a pesar
de las leyes de cupo laboral y de los estímulos económicos para empleadores.
Este doble movimiento de exclusión y expulsión ubica
a la discapacidad como condición de no-explotación o, en ocasiones, de
superexplotación. Al respecto, Ana Dones, directiva de un taller protegido de
producción, estima que “de los 300 talleres en el país, que concentran a más
de 10.000 trabajadores con retraso mental, cerca del 50% trabajan
subcontratados por empresas privadas, cobrando menos de 1/3 del salario mínimo.
Cobran $100 por trabajo realizado en jornada completa más $150 por subsidio de
un plan trabajar.” Un caso de superexplotación viabilizado con aportes del
Estado que hace ya 8 años dilata una ley que regularizaría la situación de
estos trabajadores.
Así, los trabajadores con discapacidad se suman a la
gran masa de desocupados crónicos y las PCD en edad laboral a la gran masa de
excluidos del sistema productivo. Y esta población se incrementa gracias a la
producción de discapacidades que podrían ser evitables si prevaleciera una
adecuada nutrición fetal e infantil, vacunas, atención temprana, seguridad e
higiene en el trabajo, protección del medio ambiente, entre otros. Vale señalar
las peores condiciones que se vienen produciendo en el entorno físico laboral,
estimuladas por una legislación de accidentes laborales que desprotege al
trabajador y hace que sea más económico indemnizarlo por discapacidad, o a su
familiar en caso de muerte, que tomar medidas preventivas.
En otras palabras, este sistema produce pobreza y
discapacidad y una dinámica en la cual la pobreza discapacita y la discapacidad
empobrece aún más.
La
educación como palanca
Según el
INDEC,[15]
una de cada 3 PCD no ha accedido al umbral mínimo de educación versus una de
cada 10 para la población total. Sólo el 17,8% de las PCD terminaron sus
estudios secundarios versus el 37,1% para la población total. El 9% de las PCD
no saben leer o escribir versus el 2% para la población total. Y el porcentaje
de analfabetismo es particularmente alto entre quienes pudieran ingresar al
mercado laboral: 20,9% entre PCD de 15 a 29 años versus 0,8% para la población
total.
Un estudio reciente sobre educación inclusiva y
accesibilidad en Argentina analizó las dificultades que enfrentan padres para
inscribir a sus hijos con discapacidad motriz, sin compromiso cognitivo o
intelectual, en escuelas comunes. Los recorridos Kafkaianos que llevan a
callejones sin salida y la derivación a escuelas especiales conllevan el
mensaje implícito de desinterés por educarlos en serio para una inserción
laboral a futuro.[16]
Todo esto conlleva a que las PCD llegan a su edad
laboral sin contar con los recursos necesarios para ser considerados como
trabajadores, para conservar un trabajo, o crecer en él cuando excepcionalmente
se les ofrece la oportunidad. Sin embargo, también puede suceder que la persona
con discapacidad llegue culturalmente formada para el trabajo, y con las
competencias necesarias, pero que estás últimas no sean reconocidas y se le
asignen tareas que desmerezcan su preparación previa. O que sencillamente no se
la tenga en cuenta, presumiendo que su trabajo no será rentable.
De
lo formal a lo real
Dardo López es sordo; lee labios y habla
perfectamente. “Quería ser óptico. Me recibí en la UBA. Tuve algunas
entrevistas, inclusive en esa cadena de ópticas en los shopping. Pero nadie me
empleaba. En el fondo, desconfiaban de que pudiera hacer lentes, y de que
pudiera entenderme con los clientes. Me resultó chocante. ¿Acaso mi título no
vale? Además, recorrí Europa y me las rebusco en inglés, francés e italiano.
Hasta me pude manejar en Suecia y Finlandia. ¿Entenderme con los clientes? ¡Por
favor!” Inflexibilidad y prejuicios impidieron que demostrara su capacidad.
Según
Haveman y Wolfe, “...la discapacidad atañe características...que o bien
limitan las actividades cotidianas normales o producen una reducción sustancial
en productividad laboral”. El criterio habitual concierne la habilidad de
realizar las tareas de una ocupación común y corriente, es decir, la habilidad
de realizar suficiente trabajo como para “ganarse la vida”. “El foco
es en la habilidad de las personas con limitaciones físicas o mentales de
ajustarse (adecuarse) al entorno laboral”.
A pesar de los paradigmáticos reclamos por
accesibilidad, aún no prevalece la noción de que el entorno deba adecuarse a
los trabajadores, sino todo lo contrario, de lo cual se desprende: si no pueden
adecuarse, no pueden trabajar. La igualdad de oportunidades pasa por brindar la
oportunidad de postularse a un empleo pero sin crear las condiciones laborales
para que la persona concreta pueda realizar la tarea que dicho empleo
demandará. La falencia sería del trabajador y no del empleador. Pero en este
sistema de producción, el trabajador sólo puede ofrecer su trabajo, mientras
que el empleador le ofrece, para que trabaje, los necesarios medios de
producción, incluyendo las condiciones de producción.
Según la Arq. Silvia Coriat, “La legislación más
avanzada en accesibilidad introduce el concepto de ‘ajustes razonables’. Pero
su definición, esencialmente económica, lleva a que su aplicabilidad concierna
una decisión empresaria basada en criterios de inversión rentable, o del
empleador estatal ceñida a partidas presupuestarias. Un derecho supuestamente
‘caro’ termina siendo un no-derecho”.
Sin embargo, queda por responder por qué el Estado
mismo incumple los cupos laborales que estipulan sus leyes, pese a no tener formalmente
la necesidad de lucrar con el trabajo de sus empleados. Tal vez porque el
Estado, en su adscripción a la ideología imperante, prioriza su función como
aseguradora del funcionamiento del sistema. Si cumpliera con el cupo, pondría
en evidencia la capacidad de las PCD de realizar una función productiva y así
avalaría la extensión de sus reclamos a los demás sectores de la economía. Es
usual que funcionarios de gobierno respondan “Si lo contratamos a él, ¿qué
les decimos a los demás?” Con lo cual, la igualdad de oportunidades se
convierte en una quimera: anotarse en “Registros de Aspirantes”, pero sin que
se concrete la contratación. La noción de igualdad de oportunidades pretende
poner en igualdad de condiciones a trabajadores para que compitan por empleos
escasos, encubriendo el hecho de que el poder de decisión acerca de si se crean
o no oportunidades y a quién se emplea para cubrirlas, radica en los
empresarios y empleadores del Estado. Los trabajadores no tienen poder alguno
de decisión al respecto. La igualdad de oportunidades encuentra su límite en la
ausencia de empleos disponibles para las PCD.[17]
Cuando se simulan vacantes, las definiciones de
idoneidad y la ausencia de programas de capacitación puntuales para adquirir o
reforzar dicha idoneidad en el ejercicio del trabajo, sirven para obstaculizar
la contratación de PCD.
Una
solución posible
En el largo plazo, según el
economista Marcelo Ramal,[18]
“Podemos postular que la compatibilidad entre discapacidad y trabajo exigirá
abolir las relaciones sociales fundadas en la apropiación de trabajo excedente.
Podría destacarse también que el desarrollo de las fuerzas productivas del
trabajo han creado las premisas para superar las limitaciones de la
discapacidad frente al trabajo. Se ha señalado que tanto hombres como mujeres,
a pesar de su condición física, sensorial e inclusive intelectual, se igualan
frente al monitor de una computadora como instrumento de trabajo (a saber,
programas de lectura para ciegos y de escritura para quienes no pueden usar sus
manos). El mismo régimen social que condena a las PCD al desempleo ha creado
las condiciones para su igualación frente al trabajo, pero para ello, estas
personas deberán emanciparse de su carácter de productores de plusvalía, es
decir, de ganancias para otros”.
El derecho a ganarse la vida
trabajando debiera garantizarse para todos, al margen de que puedan o no
generar dicha plusvalía. No todos, tengan o no discapacidad, despliegan la
misma capacidad productiva, dependiendo ello no sólo de características personales
sino también de las condiciones en que trabajan, incluyendo los medios técnicos
puestos a su disposición. Si no tuvieran que generar ganancias para otros, las
PCD podrían acceder masivamente al empleo. Bastaría con que pudieran aportar a
la producción social desde sus capacidades aunque estas fueran limitadas.
En el corto plazo, las
organizaciones de PCD podrían focalizar esfuerzos –a través de los sindicatos–
en impedir que empleadores (públicos y privados) sigan expulsando a
trabajadores que se discapacitan; y en obligar a que se cumpla, en ambos
sectores de la economía, con la contratación mandatoria de
las PCD inscriptas en los
registros de aspirantes y bolsas de trabajo, tal como lo establece la
legislación vigente. A su vez, el Estado debiera asegurar que las
remuneraciones no sean inferiores a la canasta básica familiar, imprescindible para
comenzar a romper el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza.
[1] Business Week, “National Organization on
Disability Survey of Americans with Disabilities” 30-05-1994.
[2] Eduardo
Conesa, “Atraso Cambiario, Deuda Externa y Desempleo. El Caso Argentino”,
Anales AAEP, 1997 www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf/conesa.pdf
[3] Fue
secretario de la REDI
(Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad); dirigió la cátedra de
DDHH y Discapacidad en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de
Mayo. Falleció en 2002.
[4] Relatado
en Coriat, Silvia: Lo Urbano y lo Humano: Hábitat y Discapacidad, Buenos
Aires, Universidad de Palermo, Fundación Rumbos, 2002.
[5] La OIT lanza el primer informe global sobre discriminación en el trabajo, 12-05-03,
www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang-es/WCMS_071447/index.htm
[6] Noam Chomsky, Class Warfare:
Interviews with David Barsamian, Common Courage Press, Maine , 1996.
[7] Robert Haveman y Barbara Wolfe, The
economics of disability and disability policy, University of Wisconsin ,
1999.
[10] OIT,
Discriminación por razones de discapacidad, Resumen analítico,
Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo,
Trabajar en Libertad.
www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD_BLOB?Var_DocumentID=6814
[11] Michael Oliver, “Disability and
the Rise of Capitalism” en The Politics of Disablement, London , The MacMillan Press, 1990.
[12] José
Andrés-Gallego, La esclavitud en la América española, Ediciones Encuentro y
Fundación Ignacio Larramendi, Madrid, 2005. Eric Williams,
Capitalism and slavery, Andre Deutsch, Londres, 1964. Eugene Genovese, The
political economy of slavery, Vintage Books, Nueva York, 1967.
[15] INDEC,
CONADIS, La población con discapacidad en la Argentina , Encuesta
Nacional de Personas con Discapacidad, 2005, pp.120-135.
[16] Silvia
Coriat, Educación
Inclusiva y Accesibilidad en Argentina, Buenos Aires, Fundación Rumbos, 2005.
[17] Marta Russell, What Disability
Civil Rights Cannot Do: Employment and Political Economy, Disability &
Society, vol.17, Nº 2, Routledge Press, Londres, 2002.
[18] Profesor
de Organización Industrial, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.
Fuente:
Publicado en Le Monde Diplomatique (El Dipló), Edición Cono Sur, Octubre 2008,
Año X, Número 112, páginas 34-36
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